VÍA: Contextos Mx // Karina Cancino
Algo sucede en la Fiscalía de Nayarit,y no es nuevo. Las instituciones anuncian cursos, capacitaciones y foros sobre derechos humanos. Se firma, se fotografía, se difunde, pero luego llega un caso —uno que sacude— y toda esa estructura institucional parece decorado. Como si los derechos humanos fueran solo un tema de boletines.
El caso de Ursus Magallanes, bombero, ha encendido algo más que alarmas. Fue a ayudar a un domicilio donde se había reportado un intento de robo. El presunto ladrón murió 40 minutos después de ser entregado a los policías. El bombero está detenido, imputado por homicidio calificado.
El fiscal del estado ha dicho que no hay irregularidad: que el procedimiento ha sido conforme a derecho, que no se han rebasado las 48 horas legales. Puede ser, pero si todo ha sido “legal”, ¿por qué hay tanta gente afuera exigiendo su liberación? ¿Por qué durmieron familiares frente a la Fiscalía? ¿Por qué sus compañeros de Protección Civil marcharon? ¿Por qué la ciudadanía cerró avenidas?
No piden impunidad. Piden proporcionalidad,porque lo que sí parece irregular —o al menos excesivo— es el uso del sistema penal como castigo preventivo, como forma de desgaste.
Y no se puede dejar de mencionar lo que también ha salido a la luz, los familiares del hombre fallecido han interpuesto una denuncia contra el bombero, contra otras personas presentes y contra la familia que habría sido afectada por el presunto ladrón. ¿Qué se está investigando realmente? ¿Qué papel juegan las versiones que se filtran y las que se ocultan?
Esto no pasa en el vacío. Días antes, el 5 de mayo, otro joven —Ricardo N., menor de edad y deportista— fue detenido por policías municipales inicialmente y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado tras un encuentro confuso. Dice que tuvo miedo, que no entendía qué ocurría. Le hicieron un antidoping sin avisar a su madre. Ella tuvo que pagar 600 pesos para liberar a su hijo y a su primo. No recibió recibo. Tampoco información clara sobre el resultado del examen. ¿Eso también está “apegado a derecho”?
La ley establece procedimientos, sí. El artículo 16 constitucional exige que toda detención esté fundada y motivada. Pero más allá de eso, ¿qué sentido tiene aplicar la norma sin evaluar el contexto? ¿Qué clase de justicia se construye cuando las detenciones parecen más bien castigos anticipados?
En este contexto, es relevante mencionar que en noviembre de 2024, el Senado mexicano aprobó ampliar la lista de delitos que implican prisión preventiva oficiosa, agregando extorsión, delitos relacionados con fentanilo y la emisión de comprobantes fiscales falsos. Esta reforma contradice un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a México eliminar esta figura por considerarla violatoria de derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa obliga a los imputados a permanecer en prisión durante el proceso judicial, lo que organizaciones como la ONU critican como una forma de «encarcelamiento adelantado» y detención arbitraria. A pesar de que la Constitución mexicana señala que la prisión preventiva no debe exceder dos años, en la práctica muchos acusados pasan años en la cárcel sin sentencia. La reforma fue impulsada principalmente por senadores de Morena y cuenta con el apoyo de los gobernadores de los 32 estados del país .
La ley, dicen, está para cumplirse, pero también para revisarse y aplicarse con justicia. El artículo 16 constitucional establece con claridad que nadie puede ser molestado en su persona, familia o posesiones sin un mandamiento legal fundado y motivado. Y aunque la ley contempla hasta 48 horas para definir la situación jurídica de un detenido, la justicia no se trata sólo de agotar plazos. También implica trato digno, claridad, rapidez razonable y acceso pleno a la información.
No todo lo legal es justo. Y no todo lo injusto es ilegal. A veces, lo que duele no es el procedimiento en sí, sino la frialdad con la que se ejecuta, la facilidad con la que se imputan delitos graves y la lentitud con la que se revisan contextos.
Apegados a derecho, sí. Pero ¿cuándo también apegados al sentido común?